En 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner y en un contexto de fuertes cuestionamientos a las políticas neoliberales predominantes de los '90, se tomaron varias medidas para tratar de reorganizar el campo educativo. Por un lado, se sancionó una ley que fijó un calendario de 180 días de clases como mínimo. También se aprobaron los NAP (Núcleos de Aprendizajes Prioritarios) que establecían propuestas curriculares comunes para todo el país, con el fin de enfrentar las desigualdades y la fragmentación del sistema educativo.
En 2005, se sancionaron dos leyes importantes: la Ley de Financiamiento Educativo que establecía que para 2010 un 6% del PBI se iba a invertir en esa área, y la Ley de Educación Técnica que marcaba la recuperación de las escuelas de este sector. Finalizando el 2006, se sancionó la Ley de Educación Nacional, en reemplazo a la Ley Federal de Educación que regía desde 1993.
Ley de Educación Nacional N° 26.206.
Las políticas neoliberales de los años '90, profundizaron la fragmentación entre las jurisdicciones y crearon condiciones de extrema disparidad educativa. Estas condujeron al sistema a una situación crítica. En esas circunstancias, a comienzos del 2006, luego de una consulta a diferentes sectores planteada en tiempos muy acotados, el gobierno nacional presentó el proyecto de la Ley de Educación Nacional en el Congreso.
La discusión de la nueva ley no estuvo exenta de debates, ya que puso en el centro de la escena el rol que el Estado debía asumir y las decisiones que se precisaban tomar para procurar el bienestar común.
Esta ley buscaba restablecer las obligaciones del Estado nacional respecto de la educación en todos los niveles educativos y paliar la fragmentación generada por la Ley Federal de Educación. Al ser sancionada, aumentó la obligatoriedad de la educación de 10 a 14 años y restableció la estructura de nivel primario y secundario, pero dejó en manos de las provincias decidir si estas tendrían 6 o 7 años. También aumentó las exigencias para la carrera docente, extendiéndola a 4 años para la formación de docentes de nivel inicial y primario. Además, estableció la enseñanza de un segundo idioma y el acceso de los alumnos a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, junto con una formación integral para una sexualidad responsable.
Algunos ejes fundamentales de esta ley son:
• La educación como derecho social.
• El Estado como responsable de proveer y garantizar la educación para todos a lo largo de la vida.
• La unificación del sistema educativo nacional.
• La recuperación de la escuela primaria y secundaria como unidad pedagógica y organizativa.
• Universalización del nivel inicial.
• Democratización del gobierno del sistema educativo.
• La participación de los trabajadores de la educación en el diseño curricular y en la definición de su salario y sus condiciones de trabajo.
• Políticas sociales concurrentes que permiten sostener la escolarización de los niños y adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza.
Más allá del debate político cotidiano, hubo apoyos y objeciones a la ley que denotaron las oposiciones más profundas. La nueva ley “garantizó el compromiso del Estado en la educación e impuso principios que permitirían reconstruir el nivel inicial, primario y secundario”. Las críticas más fuertes de un lado del espectro ideológico procedieron de la Iglesia, que en un documento titulado “Ante la nueva Ley de Educación Nacional” hizo hincapié en dos cuestiones. Por una parte, demandó que el Estado financiara no solo la educación pública, sino también la privada. Por otro lado, no conformes con el respeto a la libertad de conciencia garantizado por la ley, los obispos exigieron “un nuevo instrumento legal para todos los argentinos, que dé la posibilidad a cada alumno de conocer, amar y creer en Dios, Creador y Padre de todos”. Tiempo después, el Episcopado criticó la inclusión de protocolos de planificación familiar en la ley y cuestionó la “excesiva centralización del sistema educativo” que sería consecuencia del nuevo marco legal.
Por su parte, pedagogos y educadores de diversa extracción, propusieron críticas en un sentido diferente. Observaron, por un lado, que la ley no modificaba algunos parámetros de fondo de la vieja Ley Federal, entre ellos la “transformación de los alumnos en clientes” y una permisividad excesiva con la educación privada, que coloca al Estado en un rol subsidiario: cumplirá una función supletoria “en aquellos casos en los cuales la demanda no satisfaga los objetivos económicos o ideológicos de la oferta privada”.
La nueva ley, con logros evidentes y críticas diversas, no clausuró el debate sobre la educación en Argentina.
En el archivo adjunto, encontrarán el texto completo de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
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