Durante el primer gobierno de Carlos Saúl Menem se comenzaron a materializar varias transformaciones, típicas de administraciones neoliberales. Las políticas educativas se vieron afectadas por las directivas del Banco Mundial tendientes a la descentralización de los sistemas educativos y considerar la educación como un bien de mercado que debía ser regulado por la oferta y la demanda.
La educación en los años '90 se caracterizó por permitir que la eficiencia, la eficacia y procesos administrativos y de gestión se instalaran como fines en sí mismos. Por otro lado, se impulsó el desarrollo de políticas educativas compensatorias, de las cuales la más notable fue el Plan Social Educativo que abarcó a más del 80% de las escuelas del país. La distribución de recursos materiales y la capacitación docente que se proponía funcionaron como atenuantes ante la desigualdad existente entre las escuelas del sistema educativo.
Descentralización, autonomía, medición de resultados y financiamiento fueron los temas de agenda. Se sancionaron dos leyes con alto impacto sobre la expansión y transformación estructural del sistema educativo argentino y también sobre su fragmentación.
La anhelada autonomía y descentralización, demandada por los gremios docentes, no se concretó de la manera imaginada. En 1992 se sancionó la Ley de Transferencias de los Servicios Educativos de la Nación a las Provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (N° 24.049/92), que cerró el proceso iniciado en el período de la dictadura cuando se trasfirieron de la Nación a las jurisdicciones la mayoría de las escuelas primarias. En este caso, la transferencia de 1992 traspasó las escuelas secundarias, las escuelas normales y los institutos terciarios y se llevó a cabo sin ningún otorgamiento de presupuesto de la Nación a las jurisdicciones, lo que provocó numerosas críticas de diferentes sectores. Las jurisdicciones tuvieron que hacerse cargo material y administrativamente de las instituciones educativas de su territorio. Por tal razón, el Ministerio de Educación comenzó a ser llamado un “ministerio sin escuelas”. La transferencia de las escuelas a las jurisdicciones implicó una notable multiplicación y fragmentación de los modelos educativos en el país y resaltó las desigualdades ya existentes en el sistema educativo nacional.
Estos cambios en la administración del sistema, que incluyeron el traspaso de la responsabilidad por la educación y las escuelas desde la jurisdicción nacional a las provincias, se tradujeron en un proceso de transformación. Las responsabilidades ejecutivas, que apuntaban a federalizar el sistema educativo a través de un nuevo y efectivo protagonismo de las provincias, implicaban avances en las gestiones concretas de las instituciones con autonomía creciente. Así mismo, ese alto protagonismo dado a las provincias les otorgó plena competencia, estableciendo la necesidad de consensos que se debían expresar en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación. Aquellos temas terminaron por determinar que la diversidad social y cultural de un país federal debía ingresar en el ámbito de los aprendizajes, resultando enriquecidos el sentido y vocación de unidad que nos eran comunes a todos los argentinos. Cabe destacar que se encontraron grandes diferencias entre las jurisdicciones, respecto de su estructura, recursos destinados a la educación, cantidad y calidad de escuelas, tazas de escolarización, repitencia y abandono.
En el siguiente video se exponen las características de las reformas educativas planteadas precedentemente.
Cecilia Cuenca - https://educandoendemocracia.blogspot.com/
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